Las fallas de la refinería que monopoliza el acceso al combustible es denunciada por usuarios
La mala calidad del combustible ha vuelto a golpear al país en febrero de 2026
Miles de vehículos afectados, motores dañados, protestas de transportistas, bloqueos y demandas de resarcimiento. YPFB reconoce el problema en plantas específicas (Trinidad, Montero y Oruro), habla de “gasolina desestabilizada” por goma y manganeso en tanques de almacenamiento, despide a 360 funcionarios y no descarta “mano negra” o sabotaje.
El Gobierno culpa al “sistema heredado” de la administración anterior y promete controles más estrictos. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿dónde está la solución real? El patrón es conocido y preocupante. Primero se niega el problema (“no es generalizado”, “solo en dos o tres plantas”). Luego se admite a medias y se busca un culpable externo: residuos dejados por la gestión pasada, mezcla mal hecha, o directamente una conspiración interna. Mientras tanto, los choferes pagan reparaciones de miles de bolivianos, el transporte se encarece y la confianza en el abastecimiento estatal se derrumba.
Ésta no es la primera vez que YPFB falla en garantizar calidad y continuidad. La estatal opera con capacidad ociosa crónica (refina solo una fracción de lo que podría), depende en más del 70 % de importaciones, y arrastra problemas de infraestructura, corrupción investigada y desvíos de producto. Cuando lo más concreto es que la refinería debería privatizarse. El monopolio estatal en la distribución y la mezcla obligatoria con etanol, sin competencia ni incentivos de mercado, generan exactamente estos resultados: ineficiencia, falta de inversión y excusas recurrentes.
En lugar de enfrentar el problema de fondo, se multiplican los mitos. “Mano negra”, “sabotaje político”, “herencia maldita”. Estas narrativas distraen de la verdad estructural: un modelo centralista y estatista que ha demostrado, una y otra vez, su incapacidad para administrar hidrocarburos con eficiencia y transparencia. Los subsidios distorsionaron el mercado durante años; su eliminación no fue total cuando congelan precios el mediano plazo siempre empieza a generarse una subvención Por muy pequeña que sea, y no vino acompañada de una reforma profunda que permitiera competencia privada.
La salida no está en más investigaciones internas, más despidos simbólicos ni más promesas de “controles rigurosos”. La salida está en abrir plenamente los mercados:
• Permitir importación directa por privados, con estándares internacionales de calidad verificables.
• Liberalizar la distribución y comercialización de combustibles, dejando que la competencia regule precios, calidad y abastecimiento. • Redefinir el rol de YPFB: que se concentre en exploración, producción y asociaciones estratégicas, pero sin monopolio en downstream (almacenamiento, mezcla y venta al consumidor).
• Eliminar el centralismo energético que concentra poder y riesgos en una sola empresa estatal.
Mientras se mantenga el control estatal casi absoluto, las crisis se repetirán: hoy es gasolina con manganeso, mañana será escasez de diésel o diésel adulterado. Bolivia sigue pagando el costo de un modelo que prioriza el control político sobre la eficiencia económica. Los ciudadanos piden combustible de calidad, precios competitivos y un Estado que de seguridad y proteja las inversiones, no que opere como empresario fallido.
