Rodrigo Paz - YPFB
El congelamiento de precios de los hidrocarburos, que se mantuvo durante décadas en Bolivia como una política de contención social y “estabilidad” en los surtidores, ha demostrado ser un mecanismo asimétrico que genera pérdidas sistemáticas para el Estado y escasos o nulos beneficios reales para el consumidor cuando el mercado internacional juega a favor.
Durante años, el precio de la gasolina especial y el diésel se mantuvo fijo en torno a los 3,70 bolivianos por litro, independientemente de lo que ocurriera con el barril de petróleo en los mercados globales. Esta rigidez creó dos escenarios muy distintos según la dirección del precio internacional.
Cuando el barril sube y se fija un precio a la gasolina, Diesel y otros (como ocurrió en varios periodos entre 2022 y 2025, y nuevamente en los primeros meses de 2026, con el Brent superando los 100 dólares), la brecha entre el precio fijo interno y el costo real de importación o reposición se ensancha rápidamente. Esa diferencia —que llegó a costar al país entre 1.500 y 2.400 millones de dólares anuales en los peores momentos— tuvo que ser cubierta íntegramente por el Tesoro General de la Nación a través de YPFB (es lo que se denominó subvención). El resultado fue un drenaje masivo de reservas internacionales, incremento de la deuda y recorte forzado en otras áreas del gasto público. Lo que se presentaba como “protección al bolsillo” terminaba siendo un subsidio generalizado financiado por todos los bolivianos, incluidos quienes no usan vehículo.
En cambio, cuando los precios internacionales caen por debajo del nivel congelado —situación que se dio en varios momentos de sobreoferta global—, el precio en los surtidores no se movía ni un centavo a la baja. El consumidor seguía pagando el mismo monto (precio fijo) artificialmente alto, mientras el Estado (o YPFB) capturaba la diferencia como ganancia extraordinaria por litro vendido. Esta ganancia no se traducía en rebajas automáticas, ni en bonos directos, ni en reducción de tarifas de transporte público. Simplemente engrosaba las cuentas fiscales o se perdía en ineficiencias del sistema. El ciudadano, que había soportado años de alzas implícitas vía inflación y menor poder adquisitivo, no recibía ningún alivio cuando el mercado internacional “regalaba” combustible más barato.
Esta asimetría —el Estado pierde cuando sube el crudo (y se financia con dinero del contribuyente) y gana cuando baja (sin decirle nada al contribuyente), mientras el consumidor solo pierde o se queda igual— explica en buena medida por qué el esquema se volvió insostenible. El congelamiento incentivó el contrabando masivo hacia países vecinos (donde los precios eran mucho más altos), desincentivó el ahorro de combustible, retrasó la transición energética y concentró una carga fiscal creciente que terminó contribuyendo a la crisis de reservas y la declaración de emergencia económica a fines de 2025. A finales de diciembre de 2025, el gobierno del presidente Rodrigo Paz mantuvo el mismo modelo, no eliminó la subvención, tan solo elevó el precio fijo de la gasolina especial a 6,96 bolivianos, el diésel a 9,80 bolivianos y la premium a 11 bolivianos, con el argumento de eliminar un subsidio insostenible y frenar el contrabando. Aunque la medida generó rechazo inicial y ajustes dolorosos, varios analistas coinciden en que el viejo esquema de “precio fijo pase lo que pase” era una ilusión de protección: en la práctica, socializaba las pérdidas hacia arriba (vía gasto público) y privatizaba las ganancias hacia el Estado cuando el mercado bajaba.
Especialistas en economía energética coinciden en que el congelamiento absoluto rara vez es sostenible a largo plazo. Países que han optado por fórmulas más flexibles –como bandas de precios o subsidios focalizados solo a los sectores más vulnerables pero estas medidas solo en casos especiales y muy necesarios. En cambio, el modelo actual de “precio fijo pase lo que pase” termina siendo una bomba de tiempo: cuando los precios internacionales suben, el Estado se endeuda o recorta; cuando bajan, el ciudadano no gana nada.
Mientras el Gobierno insiste en que el congelamiento es “una conquista social”, la realidad contable muestra otra cosa. Cada litro de gasolina o diésel vendido bajo este esquema es una promesa de estabilidad que, en el fondo, se financia con recursos que podrían destinarse a otros fines o devolverse directamente al consumidor cuando el mercado lo permite. Hasta que no se reforme este mecanismo, el congelamiento seguirá siendo una protección aparente que, en los buenos tiempos internacionales, beneficia solo al Estado y, en los malos, castiga las finanzas públicas y, por extensión, a toda la sociedad.
