La Central Obrera Boliviana (COB) instaló un ampliado nacional de emergencia en La Paz para analizar el Decreto Supremo 5516, en medio de acusaciones de incumplimiento por parte del Gobierno y crecientes tensiones con los sectores sociales. El encuentro se desarrolló en instalaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), con participación obligatoria de confederaciones, federaciones nacionales y centrales obreras departamentales y regionales.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, denunció que el Gobierno estaría incumpliendo el acuerdo firmado en El Alto, al no convocar a la comisión de sectores movilizados para discutir artículo por artículo el nuevo decreto. Según Argollo, los trabajadores se sienten “decepcionados y defraudados”, y advirtió que si el Ejecutivo promulga la norma sin consenso, la COB asumirá nuevas medidas de presión. La dirigencia recordó que los bloqueos fueron levantados “de buena fe” antes de la abrogación del DS 5503, pero ahora consideran que el Ejecutivo no respetó lo pactado.
Entre las demandas centrales se encuentra la abrogación definitiva del DS 5503, considerado lesivo para los derechos laborales, así como la revisión exhaustiva del DS 5516, que sustituye al anterior decreto pero cuya redacción no fue consensuada con los sectores sociales. La COB también exige la renuncia del ministro de Trabajo, Édgar Morales, acusado de emitir comunicados que promueven despidos de trabajadores movilizados. Otro punto de fricción es la sede del diálogo: la dirigencia insiste en que las negociaciones deben realizarse en El Alto y no en la Casa Grande del Pueblo.
El ampliado definirá si se mantienen las vías de diálogo o si se intensifican las medidas de presión, como nuevos bloqueos y paros nacionales. La COB responsabilizó al Gobierno de las consecuencias que puedan derivarse de la falta de cumplimiento de los acuerdos. El clima de desconfianza y confrontación entre el movimiento obrero y el Ejecutivo marca un escenario incierto, en el que la posibilidad de una salida negociada dependerá de la voluntad política de ambas partes.
