Jessica Echeverría lidera la agenda de género
El presidente promulgó el Decreto Supremo 5488 que fusiona las agendas de género, descolonización y despatriarcalización en una sola cartera estratégica.
Entre muchos otros decretos aprobados por el Órgano Ejecutivo, el 18 de noviembre de 2025 el presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5488 que modifica sustancialmente la estructura del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. La reforma no solo cambia la denominación de sus dependencias, sino que centraliza las políticas de lucha contra la opresión y el racismo bajo un nuevo enfoque de eficacia administrativa.
Una estructura de cinco pilares
Con la modificación de los artículos 72 y 76 del DS 4857, el Ministerio de Justicia queda conformado por cinco viceministerios, consolidando su rol como el eje jurídico y social del país:
- Justicia y Derechos Fundamentales.
- Justicia Indígena Originaria Campesina.
- Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización.
- Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor.
- Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.
El nuevo super-viceministerio
La transformación más relevante recae sobre el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO). A sus funciones tradicionales de protección a la niñez, mujeres y adultos mayores, ahora se suman competencias que pertenecían al Ministerio de Culturas.
Con 16 nuevas atribuciones, esta instancia —liderada tras su posesión por Jessica Echeverría— se convierte en el brazo operativo para:
- Lucha contra el Racismo: Registro y seguimiento de denuncias por discriminación.
- Identidad Cultural: Promoción de saberes indígenas, comunidades afrobolivianas y revalorización cultural.
- Educación y Gestión: Implementación de programas de formación en idiomas oficiales y coordinación con el Sistema Educativo Plurinacional.
- Compromiso Internacional: Elaboración de informes para tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos y discriminación.
Eficacia en el “Nuevo Contexto”
Según la parte considerativa del decreto, esta medida busca la “racionalidad funcional”. El Gobierno argumenta que integrar la descolonización y la despatriarcalización dentro de la estructura de Justicia permitirá una ejecución más directa de las políticas públicas, eliminando la dispersión institucional y adecuando la administración al contexto actual del Estado Plurinacional.
La nueva norma también obliga a una coordinación estrecha con las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs), asegurando que el enfoque de igualdad y descolonización se filtre desde el nivel central hasta los municipios y gobernaciones.
