Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia-Fundación Construir
EL ALTO, BOLIVIA – En un operativo de inteligencia digital, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) procedió al arresto de un profesional en salud que utilizaba plataformas digitales para ofrecer servicios de aborto ilegal. El sujeto fue capturado en pleno ejercicio de sus actividades en un consultorio clandestino que no contaba con las garantías sanitarias mínimas.
El rastro digital del delito
La detención fue posible gracias a la unidad de Ciberpatrullaje, la cual detectó anuncios sospechosos en grupos de Facebook y chats de WhatsApp. Bajo fachadas de “soluciones médicas inmediatas” y “retrasos menstruales”, el médico captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad para ofrecerles procedimientos quirúrgicos y farmacológicos de forma comercial.
Los efectivos policiales, tras realizar un seguimiento de las direcciones IP y coordinar una intervención directa, lograron identificar el inmueble ubicado en la ciudad de El Alto, donde se procedió a la aprehensión del sospechoso en flagrancia.
Peligro para la salud pública
Al ingresar al recinto, los peritos de la policía y el Ministerio Público constataron condiciones precarias que ponían en riesgo la vida de las pacientes. Entre los hallazgos principales se detallan:
- Instrumental no esterilizado: Equipos quirúrgicos sin protocolos de limpieza.
- Fármacos sin registro: Medicamentos de dudosa procedencia utilizados para inducir abortos.
- Falta de acreditación: El lugar funcionaba sin los permisos del Servicio Departamental de Salud (SEDES).
Debido a esto, el aprehendido enfrenta cargos por delitos contra la salud pública y ejercicio indebido de la profesión, además de la tipificación de aborto bajo fines comerciales.
Este arresto ocurre en un contexto judicial particular en el país. A pesar de que la ley penaliza el aborto consentido, las estadísticas muestran una brecha significativa en quiénes terminan cumpliendo condena.
Actualmente, los registros indican una cifra inusual: existen cuatro hombres con sentencias ejecutoriadas por delitos relacionados con el aborto (principalmente por casos de aborto forzado o violencia de género), mientras que no se registran mujeres con sentencia cumpliendo penas en recintos penitenciarios.
Esta realidad refleja que, aunque el ciberpatrullaje busca desarticular las redes comerciales que lucran con la salud, la justicia boliviana tiende a sancionar a los tratantes y agresores masculinos.
