El debate sobre las cuotas de género ha vuelto a ocupar titulares en Bolivia, especialmente tras las declaraciones de la Coordinadora de la Mujer, que defendió la necesidad de garantizar un 50% de representación femenina en espacios de decisión. La propuesta, que busca equilibrar la participación entre hombres y mujeres, ha generado polémica porque, según sus críticos, amenaza con destrozar el principio de la meritocracia.
La idea de imponer un reparto rígido —50% hombres y 50% mujeres— parte de una lógica de igualdad formal. Sin embargo, en la práctica, se convierte en un mecanismo que limita la selección de personas por sus capacidades y habilidades. La meritocracia se basa en reconocer el talento, la preparación y la experiencia, independientemente del género, la raza, el color de piel o la ideología. Al introducir cuotas obligatorias, se corre el riesgo de que la representación se convierta en un fin en sí mismo, desplazando la excelencia como criterio central.
Los defensores de la meritocracia sostienen que la verdadera igualdad no se logra mediante porcentajes impuestos, sino garantizando que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de competir en condiciones justas. La capacidad de liderazgo, la solvencia técnica y la visión estratégica no dependen de ser hombre o mujer, sino de la formación y el esfuerzo individual.
El problema se agrava cuando las cuotas se convierten en un instrumento político. En lugar de promover la inclusión genuina, terminan siendo utilizadas para legitimar agendas ideológicas que poco tienen que ver con la eficiencia institucional. Así, lo que se presenta como un avance en derechos puede derivar en una distorsión del sistema, donde el mérito queda relegado y la representación se convierte en una obligación numérica.
En Bolivia, donde la discusión sobre la equidad de género es legítima y necesaria, el desafío consiste en encontrar un equilibrio que no sacrifique la meritocracia. La inclusión debe ser real y basada en la capacidad, no en la imposición de cuotas que, lejos de fortalecer la democracia, pueden debilitarla. La igualdad auténtica se construye reconociendo que las habilidades y talentos no tienen género, y que la justicia consiste en valorar a las personas por lo que aportan, no por lo que representan en una estadística.
