El proyecto planta siderúrgica Mutún
Desde mediados del siglo XX, ha sido símbolo de un “sueño inconcluso”: múltiples acuerdos, licitaciones, empresas extranjeras y gobiernos han intentado explotarlo e industrializarlo, y todos fracasaron por problemas técnicos, falta de infraestructura (gas, agua, puertos, vías), disputas contractuales, corrupción, cambios políticos y falta de viabilidad económica y por supuesto el estatismo.
Ya en el año de 1845 se descubrieron yacimientos de hierro y manganeso, pero no es hasta 1953 donde se realizaron los primeros estudios formales (muestreo de Naciones Unidas). En 1956 el Gobierno del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) encarga a COMIBOL y al Servicio Geológico de Bolivia los primeros estudios de reservas y factibilidad, ambas entidades estatales.
En 1970 en el gobierno del general Juan José Torres con la COMIBOL instala una planta piloto de lavado y cribado de mineral a pequeña escala con fondos públicos. En 1971 Hugo Banzer creó la Empresa Siderúrgica Boliviana S.A. (Sidersa). Primer intento serio de siderurgia estatal. Fracasa por falta de inversión y tecnología, elevados costos de operación e ineficiencia estatal.
A mediados de los 80 la Unidad Promotora del Fierro y Acero entidad estatal (Santa Cruz) y la COMIBOL encargan estudios de factibilidad para planta de arrabio con carbón vegetal. Proyecto Cobrapi/CRAPI se abandona debido a trámites burocráticos y peticiones del legislativo, por las condiciones impuestas y la burocracia el proyecto jamás salió adelante.
Entre 1989 a 1993 la Empresa Metalúrgica del Oriente, subsidiaria de COMIBOL exporta aproximadamente 350.000 toneladas de concentrados de hierro a Paraguay y Argentina. Único éxito parcial, debido a los altos costos, procesos burocráticos, corrupción y altos costos en salarios una vez más la inversión resulta fallida.
En los años 90 en los gobiernos en el gobierno de Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada hubo un intento de participación privada con el consorcio DmT-Panamerican. El proceso se paraliza debido a que se quiso encargar los contratos a políticos y burócratas que no entendían del negocio, las empresas internacionales consideran inviable la inversión, Bolivia carecía y lo sigue aún, de componentes esenciales para una inversión rentable, no había condiciones de explotación, de producción, de mercados abiertos, sano régimen impositivo, un sistema bancario deficiente y muchos otros problemas, junto con una estructura vial que hacía que los costos de producción sean muy altos y no competitivos.
En 2004 en los gobiernos de Carlos Mesa y Evo Morales hasta 2012, sucede otro gran fracaso con Jindal 2004 en una licitación internacional plagada de imposiciones que no favorecían a la empresa además de tratos corruptos, el proyecto fue descartado, cuando se realizaban las conversaciones se creó oficialmente la Empresa Siderúrgica del Mutún por Decreto Supremo (empresa pública autónoma). La polémica licitación incluyó incluso la toma de rehenes a ministros en Puerto Suárez, finalmente se adjudicó y se firmó contrato con Jindal Steel & Power (India) por 2.100 millones de dólares. El proyecto integral consideraba la puesta en marcha de la mina para explotar hierro esponja y producir acero laminado, imposiciones estatales tan extravagantes con promesas de generar 6.700 empleos directos, de crear una ciudad modelo y claro, cobrar impuestos anuales que iban a llegar a los 200 millones de dólares, todas estas imposiciones estales eran inviables para los inversores dadas las condiciones económicas de Bolivia que contenía (y continúa) un riesgo país muy alto.
De 2010 a 2012 disputas graves con la Jindal que acusó al Estado de no entregar gas (necesitaba 10 MMm³/día, solo recibía 2,5), que no existía tierras saneadas, ni agua ni ningún otro tipo de condiciones que se necesitan para operar una empresa industrial de ese tamaño. Por lo que el Estado ejecutó boletas de garantía y acusó a Jindal de una falta de inversión real. Ya para Julio de 2012 la Jindal rescinde unilateralmente el contrato, el gobierno allana oficinas y anuncia nueva licitación. El contrato más grande de la historia boliviana queda en nada tras 5 años. Es el cuarto intento fallido del estado tratando de negociar y participar directamente en la inversión y creación de una empresa siderúrgica.
En 2016 a 2025 El proyecto chino Sinosteel Equipment & Engineering (China) durante el gobierno de Evo Morales firma contrato “llave en mano” para construir la planta siderúrgica con financiamiento de EXIMBANK / Bank of China por más de 500 millones de dólares.
En enero de 2019 se inicia la construcción de la siderúrgica. Por la pandemia entre 2020 y 2021 hay una parálisis total de actividades que se reanudarían hasta junio de 2021 en el gobierno Luis Arce, sumado a que se cambian encargados y personal de la línea Arcista sacando a los de línea Evista hace que las operaciones de reactivación tomen más tiempo. Debido a estas decisiones políticas en marzo de 2022 un paro de trabajadores detiene obras. Recién en noviembre de 2023 se procede a la instalación del reactor de reducción directa (DRI).
El 24 de febrero de 2025 se inaugura oficialmente el Complejo Siderúrgico del Mutún (Bicentenario) con una producción inicial anunciada de 200.000 toneladas/año de barras corrugadas y alambrón. La campaña estatista la muestra como “el fin de décadas de fracasos”.
En 2026 con el cambio de gobierno, una vez más posiciones políticas cambian a personal y directores que hacen que las operaciones se ralenticen, una nueva crisis y surge la amenaza de ruptura durante el primer mes de 2026. El gobierno de Rodrigo paz ordena una inspección que supuestamente revela graves deficiencias técnicas en 5 de las 7 plantas principales. El gobierno acusa a Sinosteel de incumplimiento grave (hasta 300 fallas técnicas detectadas en informes previos) que parece mas otra movida política para indicar que son los nuevos jefes y por supuesto indicar que son incorruptibles ante la opinión pública.
Para febrero de 2026 el presidente de ESM (empresa estatal siderúrgica) amenaza con romper unilateralmente el contrato (“inseguridad jurídica”) y exigir resarcimiento. El proyecto, inaugurado hace menos de un año, vuelve a estar en riesgo de paralización o litigio internacional.
Una realidad de patrones recurrentes de fracasos por más de 70 años debido a la visión estatista que tienen todos los gobiernos para insistir insulsamente que un gobierno puede hacerse cargo de temas que competen netamente a los privados, la falta crónica de infraestructura energética, tecnológica y de condiciones de mercado libre, sumado al entorno económico deficiente de Bolivia hace que cualquier inversión privada sea de muy alto riesgo.
Contratos mal diseñados por burócratas que ven desde un lado cómodo la situación, sin prever el riesgo de una inversión millonaria, estudios de factibilidad totalmente politizados e impuestos a las empresas privadas, cambios de gobierno que rompen o renegocian acuerdos.
En suma el Modelo estatal-centralista que prioriza control político sobre eficiencia técnica y económica hace que nunca se pueda salir de este círculo vicioso de inversión y pérdida. El Mutún sigue siendo el ejemplo clásico boliviano de “gigante dormido”: reservas enormes, pero incapacidad histórica de convertirlas en industria real y sostenible. Mas allá si la inversión es de China, EEUU o de Europa, las regulaciones y el modelo económico actual asfixia toda posibilidad de inversión que genere rentabilidad y avance, por ello el país se mantiene en un retraso sin precedentes.
