Elecciones subnacionales son una hoguera de vanidades

Las elecciones subnacionales de Bolivia 2026 se perfilan como un escenario inédito de fragmentación política que pone en evidencia las consecuencias de un sistema electoral diseñado con buena intención, pero que ha derivado en un caos de candidaturas sin sustancia. En los comicios para gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales que se celebrarán este año, el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado un número récord de agrupaciones ciudadanas, aquellas figuras jurídicas que, a diferencia de los partidos políticos tradicionales, no requieren una estructura orgánica nacional ni una ideología consolidada para participar. Basta con cumplir requisitos mínimos de firmas y trámites para que cualquier colectivo, por más efímero que sea, pueda inscribir candidatos. El resultado es previsible y ya se está materializando: una oferta electoral desbordada, donde decenas de nombres compiten en cada municipio y departamento sin que la mayoría represente una posición política clara, un programa de gobierno coherente o, siquiera, un nivel mínimo de reconocimiento popular.

Esta proliferación no surge de un vacío normativo accidental. Las reglas del Órgano Electoral Plurinacional, reformadas en los últimos años para democratizar el acceso y evitar monopolios partidarios, buscaban abrir las puertas a la participación ciudadana directa. En teoría, permitían que voces locales emergentes —vecinos organizados, líderes comunitarios o movimientos sectoriales— pudieran competir sin el filtro de las cúpulas partidarias. En la práctica, sin embargo, han creado un supermercado de candidaturas donde el requisito principal parece ser el ego personal de quienes las encabezan. Agrupaciones que nacen y mueren en cada ciclo electoral, sin militancia, sin historia y, sobre todo, sin propuestas que trasciendan el “yo puedo hacerlo mejor”. Candidatos que no defienden una visión de izquierda, derecha, centro o plurinacionalidad, sino simplemente su propia ambición. No hay banderas ideológicas que unifiquen sus discursos; hay selfies, promesas vagas y, en el mejor de los casos, un par de denuncias locales recicladas como plataforma.

El problema de fondo es que esta variedad descontrolada no facilita la decisión racional del electorado, sino que la complica hasta el punto de volverla casi imposible. Cuando en un municipio pequeño aparecen quince o veinte candidatos, la mayoría desconocidos fuera de su círculo familiar o vecinal, el votante promedio no elige entre proyectos, sino entre nombres. No compara programas de inversión en salud, educación o empleo; compara simpatía, rumor o, peor aún, el “me cae bien” que se construye en WhatsApp y TikTok. La información útil se diluye en un mar de folletos, spots y caravanas que repiten los mismos lugares comunes. Y el ciudadano, en lugar de ejercer un voto informado, termina decidiendo por descarte o por lealtad afectiva. Es la democracia reducida a un casting de egos, donde la popularidad real —esa que se construye con años de trabajo territorial y consistencia— queda desplazada por la popularidad instantánea de quien mejor maneja las redes o quien tiene más dinero para alquilar vallas.

Este fenómeno no es inocuo. La fragmentación extrema que se avecina para 2026 amenaza con producir gobiernos locales débiles, incapaces de articular mayorías estables en concejos municipales o asambleas departamentales. Un alcalde electo con el 18 % de los votos, rodeado de diez agrupaciones que suman el resto del sufragio, gobernará en permanente minoría y dependerá de pactos de último minuto que suelen traducirse en clientelismo o parálisis. A nivel nacional, el efecto multiplicador es aún más grave: mientras el MAS, Comunidad Ciudadana o Creemos intentan mantener cierta coherencia ideológica a escala nacional, en el terreno subnacional la política se atomiza en cientos de microempresas electorales que no responden a nadie más que a sí mismas. El resultado es un mapa político lleno de islas que, lejos de enriquecer la democracia, la vacían de contenido.

Bolivia ya vivió experiencias similares en ciclos anteriores, pero nunca con esta magnitud. La diferencia ahora es que la norma electoral ha eliminado prácticamente cualquier barrera de entrada. Y mientras algunos celebran la “diversidad”, la realidad muestra que esa diversidad es, en gran medida, ficticia: no representa corrientes de pensamiento nuevas, sino réplicas de la misma lógica caudillista progresista o de izquierda de siempre, solo que ahora con nombre de agrupación ciudadana en lugar de partido. La suma de egos ha reemplazado a la suma de ideas. Y en ese reemplazo radica el riesgo más profundo de estas elecciones: que el voto, en lugar de ser instrumento de cambio racional, se convierta en un mero desahogo emocional. Cuando el elector ya no sabe por qué vota, sino solo a quién vota, la democracia subnacional deja de ser un espacio de deliberación colectiva y pasa a ser un teatro de vanidades. Queda por ver si, después del 2026, el Tribunal Supremo Electoral y la clase política boliviana tendrán la honestidad de reconocer que la apertura desmedida ha generado más ruido que representación. Porque si no se corrige el rumbo, cada nueva elección subnacional repetirá el mismo espectáculo: un exceso de candidatos, un déficit de proyectos orientados en un cambio REAL y una ciudadanía cada vez más confundida ante la imposibilidad de elegir con la cabeza en lugar de con el instinto. La democracia no se fortalece dejando que cualquiera se lance a la arena; se fortalece exigiendo que quienes se lanzan tengan algo más que su propio nombre para ofrecer. En Bolivia 2026, ese “algo más” parece estar en grave escasez.