Socialismo del siglo XXI
La Habana / La Paz. La discusión sobre los límites de la protesta social se intensifica en América Latina. Mientras en Cuba decenas de manifestantes son encarcelados bajo cargos de desorden público, resistencia y desacato, en Bolivia se debate la aprobación de una Ley Antibloqueos que busca tipificar los bloqueos de vías públicas como delito con penas de hasta 20 años de cárcel.
📌 Cuba: protestar como delito
En la isla, las protestas contra la crisis económica y los apagones han derivado en sentencias de hasta nueve años de prisión. Los tribunales justifican las condenas con argumentos legales como la alteración del orden público y la resistencia a la autoridad.
Gobierno: sostiene que las manifestaciones generan caos y afectan servicios esenciales.
Críticos: denuncian que se trata de una estrategia para criminalizar la protesta pacífica, limitando derechos reconocidos internacionalmente como la libertad de expresión y reunión.
📌 Bolivia: la Ley Antibloqueos en debate
El proyecto presentado en diciembre de 2025 por el diputado Carlos Alarcón propone sancionar con cárcel a quienes “promuevan, instiguen, planifiquen, organicen, financien, colaboren o dirijan” el estorbo o impedimento de libre tránsito de personas, bienes o vehículos a través de cualquier medio, forma o bajo cualquier motivación , además de otorgar respaldo legal y “legítimo” a las fuerzas del orden en operativos de desbloqueo.
A favor: sectores empresariales argumentan que los bloqueos generan pérdidas millonarias y afectan la economía nacional.
En contra: sindicatos y organizaciones sociales advierten que la norma vulnera el derecho constitucional a la protesta y criminaliza una práctica histórica de presión social.
⚖️ El dilema constitucional
Ambos casos ponen en evidencia la tensión entre dos principios:
Derecho a la protesta y libre expresión, reconocido en constituciones y tratados internacionales.
Derecho a la libre circulación y estabilidad económica, que los Estados buscan proteger.
🔎 Confrontación regional
La comparación entre Cuba y Bolivia revela un mismo dilema con distintas intensidades:
En Cuba, la protesta ya es castigada con cárcel bajo delitos amplios y ambiguos.
En Bolivia, la discusión recién comienza, con un proyecto que podría redefinir los límites de la protesta social.
