Rodrigo Paz propuesta 50/50
El debate sobre la distribución de los ingresos fiscales entre el gobierno central y las entidades subnacionales ha cobrado fuerza en los últimos meses. La propuesta de dividir las recaudaciones en un esquema 50/50 —la mitad para el nivel central y la otra mitad para departamentos o municipios— enfrenta serias dificultades tanto técnicas como políticas.
El primer obstáculo es la indefinición sobre el destino de ese 50% que correspondería a las regiones. No está claro si la distribución beneficiaría directamente a los gobiernos departamentales o si se canalizaría hacia los municipios. Esta falta de precisión genera incertidumbre y abre la puerta a disputas internas, pues cada nivel de gobierno reclama su derecho a administrar los recursos.
Más allá de la discusión sobre la asignación, el problema de fondo radica en la estructura del gasto público del gobierno central. Actualmente, cerca de dos tercios de los ingresos estatales se destinan al pago de salarios, bonos de antigüedad, servicios básicos, alquileres y otros compromisos recurrentes. Esta pesada carga limita la capacidad del Estado para poder destinar el presupuesto fuera del gobierno central y hace inviable sostener sus obligaciones con apenas el 50% de las recaudaciones.
La propuesta, en apariencia equitativa, se convierte en un dilema nada práctico. Reducir a la mitad los ingresos del nivel central sin antes racionalizar el gasto significaría un desajuste inmediato en las finanzas públicas. El Estado quedaría sin margen para cubrir sus compromisos más básicos, lo que podría derivar en atrasos salariales, recortes de programas sociales y una mayor presión sobre la deuda.
En este contexto, el reparto 50/50 se presenta más como un ideal político que como una solución viable. Mientras no se aborde el problema estructural del gasto público, cualquier intento de redistribución será insostenible. La discusión sobre quién debe recibir el 50% de las recaudaciones es importante, pero secundaria frente a la urgencia de reformar la administración central, reducir la burocracia y racionalizar los compromisos fiscales.
El desafío, por tanto, no es solo definir el destino de los recursos, sino garantizar que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones sin comprometer la estabilidad económica. Sin una reforma profunda del gasto público, el esquema 50/50 corre el riesgo de convertirse en una promesa impracticable, incapaz de responder a las necesidades de las regiones y de sostener al mismo tiempo la maquinaria estatal.
