La ilusión de mejora por la calificación de riesgo crediticio de Fitch Ratings

Cuando Moody’s, Fitch y S&P Fitch Ratings anunció la mejora en la calificación crediticia de Bolivia me quedé sorprendido porque dadas las condiciones económicas actuales no hay razón para lograr esa mejora de riesgo, según Fitch y S&P Fitch Ratings es debido a que 1) hay menor riesgo de Default automático, FALSO, si no es por los préstamos del FMI que en el gobierno de Arce Catacora ya se querían tramitar, seguiríamos muy cerca del Default ya que los ingresos públicos no han aumentado sino disminuido, el ahorro por la subvención pronto se volverá a diluir, 2) Aumento de reservas, justamente por el préstamos y porque se subió el precio de la gasolina, Diesel y otros, no se quitó la subvención. 3) Nuevo gobierno y estabilidad, eso solo es una pantalla, estabilidad solo para los que ven de afuera. 4) Eliminación de Subsidios al combustible, como dije no hay una eliminación sino un nuevo techo de precio fijo (práctica de izquierda, por cierto). 5) Inicio de reformas económicas, No hay ninguna reforma y por lo tanto no refleja un renacimiento económico, sino una afinidad política coyuntural que ha permitido al gobierno de turno ganar oxígeno ante los mercados internacionales.  

Moody’s elevó la nota soberana de Ca a Caa3 con perspectiva positiva, mientras Fitch y S&P también ajustaron al alza sus calificaciones desde niveles de alto riesgo de default. Las agencias justificaron el movimiento por la reducción del riesgo inmediato de impago, el compromiso explícito de honrar la deuda externa y una ligera recuperación temporal de la liquidez en dólares. Sin embargo, ninguna de ellas oculta que estos avances responden más a la transición política de finales de 2025 y a gestos diplomáticos que a una transformación real de la economía boliviana.

La evidencia es contundente: el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido prácticamente nulo. En 2024, el PIB real apenas avanzó un 0,73 %, la tasa más baja en años recientes fuera del colapso pandémico. El primer semestre de 2025 registró una contracción del -2,4 %, la primera caída anual en casi cuatro décadas en condiciones normales, arrastrada por conflictos políticos, bloqueos y la incapacidad de reactivar sectores productivos clave. Lejos de despegar, la economía boliviana se arrastra con un promedio de crecimiento inferior al 1 % anual en los últimos dos años, muy por debajo del 3,5 % que el gobierno anterior había proyectado. Las reservas internacionales siguen en niveles críticos, la inflación acumulada supera el 15 % y la dependencia de las materias primas no ha disminuido. En este contexto, calificar de “éxito” la mejora crediticia equivale a confundir un respiro financiero con una cura estructural.

Peor aún, las supuestas reformas que el Ejecutivo ha presentado como base de esta “confianza recuperada” han demostrado ser efímeras. El gobierno lanzó paquetes de decretos económicos con bombos y platillos —medidas de estabilización, ajustes fiscales y eliminación selectiva de subsidios—, pero bastaron unas semanas de protestas y bloqueos para que la mayoría fueran derogadas o diluidas. El decreto que pretendía reordenar el gasto público y abrir importaciones estratégicas fue anulado tras acuerdos con la Central Obrera Boliviana; otros instrumentos anunciados con fanfarria terminaron archivados o modificados hasta perder su esencia. Esta danza de lanzamientos y retrocesos no es nueva, pero se ha acelerado en los últimos meses: se promulga, se confronta con la calle y se deroga. El resultado es un ciclo vicioso donde la incertidumbre jurídica y la falta de consistencia ahuyentan más inversión de la que atraen, dejando al país con el mismo modelo extractivo y rentista de siempre, solo que ahora con mayor deuda y menor credibilidad interna.

A esto se suma la ausencia de cambios profundos en la estructura del Estado. En lugar de reducir la burocracia para liberar recursos hacia la inversión productiva, el gobierno ha optado por expandirla. La creación del Viceministerio de Gastronomía —dentro de un nuevo Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía— es el ejemplo más reciente y simbólico. Mientras se habla de austeridad y de “medidas audaces” para calmar a las calificadoras, se multiplica la nómina pública con una instancia dedicada a coordinar políticas gastronómicas, alianzas y proyecciones internacionales de la “Marca País”. No se trata de un detalle menor: es la señal clara de que la lógica clientelar y la distribución de cargos prevalecen sobre cualquier intento serio de reestructuración. En vez de cerrar viceministerios obsoletos o fusionar funciones, se crean nuevos, aumentando el gasto corriente en un momento en que la economía requiere exactamente lo contrario.

Así, la mejora crediticia se presenta como un triunfo político ante los inversionistas externos, pero ante la ciudadanía boliviana revela su verdadera naturaleza: un maquillaje financiero construido sobre promesas incumplidas, decretos efímeros y más burocracia. El país sigue sin diversificar su matriz productiva, sin resolver la crisis de divisas y sin generar empleo de calidad. Lo que ha cambiado no es la economía, sino la percepción temporal que los mercados tienen del nuevo equipo gobernante. Mientras tanto, la realidad cotidiana —crecimiento estancado, retrocesos normativos y expansión del aparato estatal— desmiente cualquier narrativa de transformación. Bolivia no ha ganado solidez económica; simplemente ha ganado tiempo gracias a la afinidad política del momento. Y ese tiempo, si no se usa para reformas de fondo, solo servirá para postergar el próximo ajuste, mucho más doloroso.