Oscar Arce Político y Analista Económico
En un anuncio que ha generado optimismo en algunos círculos oficiales, el Gobierno boliviano del presidente Rodrigo Paz celebró el cierre de enero de 2026 con un superávit fiscal de aproximadamente Bs 2.300 millones, equivalente a cerca del 0,5% del PIB. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, atribuyó este resultado a medidas como el fin de la subvención a los combustibles, la racionalización de la planilla estatal y la reducción de gastos “dispendiosos”. Sin embargo, esta cifra positiva parece más un espejismo temporal que una base sólida para la recuperación económica. Criticar esta visión no es oponerse al progreso, sino advertir sobre la ingenuidad de creer que recortes superficiales y la eliminación de supuestos “ítems fantasmas” bastarán para resolver problemas estructurales profundos. Los desafíos fiscales resurgirán a mediano plazo, la deuda pública continúa en ascenso y un Estado excesivamente regulador sigue asfixiando la generación de riqueza en el sector privado.
El Superávit es un Logro Efímero Basado en Ajustes Insostenibles.
El superávit de enero contrasta con el déficit de Bs 664 millones registrado en el mismo mes de 2025, y el Gobierno lo presenta como los “primeros frutos” de su política de estabilización. Pero un análisis detallado revela que este resultado se debe principalmente a factores estacionales y decisiones de corto plazo, como la eliminación de subsidios a los combustibles, que generó un ahorro de más de 400 millones de dólares en poco más de un mes. Economistas de línea liberal han señalado que, aunque los ingresos aumentaron en Bs 3.200 millones, el gasto público fue mayor que en 2025, lo que sugiere que el superávit no refleja una verdadera contención, sino un pico temporal en la recaudación.
La ingenuidad radica en proyectar esta tendencia como sostenible. El propio Gobierno estima un déficit fiscal del 7% del PIB para todo 2026, con una inflación que podría llegar al 17%. A mediano plazo —posiblemente en el segundo semestre—, los problemas estructurales emergerán: el fin de los subsidios ya ha impulsado reclamos por la mala calidad de la gasolina y podría exacerbar la inflación, erosionando el poder adquisitivo y aumentando la presión sobre el gasto social, la impresión de más circulante (Moneda) en la economía, Además, la racionalización de la planilla estatal, que incluye la eliminación de “ítems fantasmas” pero que no son un factor determinante para eliminar el gasto público, los recortes del 25-30%, aún no se ha implementado. Sin reformas profundas, este superávit se disipará, dejando al descubierto un déficit crónico que Bolivia ha arrastrado por años.
La Deuda Pública es un Lastre que Crece sin Control
Mientras el Gobierno celebra el superávit mensual, la deuda externa pública alcanzó su pico histórico en 2025: 14.131 millones de dólares, equivalente al 24,6% del PIB, un incremento del 204% desde 1996. Este endeudamiento no ha impulsado un crecimiento proporcional, limitando la generación de divisas y aumentando la vulnerabilidad externa. Para 2026, el servicio de la deuda ascenderá a 1.812,5 millones de dólares, y el Ejecutivo planea contraer hasta 11.000 millones de dólares adicionales en los próximos tres años, enfocados en financiamiento para el sector privado y proyectos público-privados. Esta estrategia es riesgosa ya que la deuda total (externa e interna) ya roza el 90% del PIB, y agencias calificadoras han revisado la perspectiva crediticia a negativa debido a altos niveles de endeudamiento y la incapacidad para recortes suficientes. Si el superávit se basa en recortes temporales, ¿cómo se financiará este crecimiento de la deuda sin presionar más las reservas internacionales, que, aunque subieron a 4.041 millones de dólares en enero, siguen lejos de niveles óptimos? La ingenuidad aquí es ignorar que un gasto público excesivo, financiado por más deuda, no se sostiene sin un sector productivo robusto.
El Estado Regulador es el obstáculo para la Generación de Riqueza en el Sector Privado
El núcleo del problema radica en un Estado hiperregulador que, durante los últimos 20 años, ha aislado al sector privado del financiamiento internacional y frenado la inversión. El Gobierno actual promete eliminar “regulaciones excesivas” para impulsar la productividad interna y atraer inversión, pero hasta ahora, las medidas son incipientes. Empresarios privados advierten que la recuperación en 2026 depende de reglas claras, menos intromisión del Estado en temas económicos, seguridad jurídica y estabilidad social, en un contexto de crisis económica y conflictividad. Un Estado que prioriza el gasto público sobre la libertad económica no genera riqueza sostenible. Por ejemplo, el aumento del salario mínimo nacional a Bs 3.300 (20% más que en 2025) y la congelación salarial en el sector público, aunque racionales en teoría, imponen costos adicionales al privado sin compensaciones en productividad. Esto, sumado a regulaciones laborales rígidas y tributarias, desalienta la inversión y el empleo.
Proyecciones internacionales estiman una contracción del PIB del 1,1% en 2026, contrastando con las optimistas estimaciones oficiales de 0,5-0,7%. Sin desregulación agresiva y apertura al mundo, el sector privado no podrá absorber el ajuste fiscal, perpetuando un ciclo de dependencia estatal y bajo crecimiento.
Hacia Reformas Estructurales o el Riesgo de la Repetición
El superávit de enero es una señal positiva, pero atribuirlo solo a recortes y eliminación de ítems fantasmas refleja una visión ingenua que ignora la complejidad de la economía boliviana. A mediano plazo, los problemas fiscales resurgirán si no se abordan la deuda creciente y el rol asfixiante del Estado regulador. Bolivia necesita reformas profundas, una desregulación para empoderar al sector privado, disciplina fiscal sostenida y un enfoque en inversión productiva, no en gasto corriente. De lo contrario, este “giro histórico” podría convertirse en otro capítulo de ilusiones económicas fallidas, con consecuencias para la estabilidad y el bienestar de los bolivianos.
