Elecciones subnacionales 2026
En el marco de las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo de 2026, donde se elegirán gobernadores departamentales, alcaldes municipales y asambleístas en todo el país, los candidatos de diversas fuerzas políticas han desplegado un abanico de propuestas centradas en mejoras en salud, educación y la ejecución de mega proyectos de infraestructura. Sin embargo, estas ofertas electorales, aunque atractivas en el discurso, están desconectadas de la dura realidad económica boliviana, caracterizada por un déficit fiscal persistente, alcaldías con deuda y un gasto público desequilibrado que prioriza salarios y costos operativos por encima de inversiones reales en el bienestar ciudadano. Analistas y observadores independientes cuestionan si estas promesas no terminarán exacerbando la carga financiera del Estado y del municipio autonómico, recurriendo a préstamos internacionales y aumentos en impuestos, tasas y patentes, sin abordar el núcleo del problema: el descontrol en el gasto corriente.
Las propuestas en salud y educación dominan los planes de gobierno presentados por candidatos de todas las agrupaciones y otras alianzas regionales. En salud, se repiten compromisos como la expansión de hospitales equipados con tecnología de punta, programas de vacunación universal y atención primaria gratuita en zonas rurales. En educación, las ofertas incluyen la construcción de nuevas escuelas técnicas, becas para estudiantes de bajos recursos y la implementación de currículos digitales y una serie de proyectos alejados de una verdad técnica. Estos planes, expuestos en debates organizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y foros empresariales, buscan captar el voto de sectores vulnerables, prometiendo un “desarrollo inclusivo” que, según los candidatos, transformará la calidad de vida en departamentos como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Sin embargo, estas iniciativas no entienden la verdadera función de una alcaldía que es la de otorgar URBANIDAD y sus propuestas ilusorias requieren inversiones millonarias que no se alinean con el presupuesto disponible, ignorando las limitaciones fiscales que han marcado la economía boliviana en los últimos años.
A esto se suman las ambiciosas propuestas de mega proyectos, como un tren aéreo, ferrocarriles interdepartamentales, mega centros de entretenimiento, etc. Se promocionan como generadores de empleo y dinamizadores de la economía local, pero ocultan su dependencia de financiamiento externo.
Los recursos gastados en las ciudades capitales por lo general siguen un mismo patrón, un porcentaje, que supera ampliamente el 65% de gasto público (sueldos y salarios, gastos corrientes) si se consideran ajustes adicionales, deja un margen mínimo para inversiones en comodidad urbana, como pavimentación de calles, alumbrado público o sistemas de transporte eficiente en ciudades. Los candidatos, en su afán por prometer transformaciones grandiosas, olvidan proponer medidas concretas para controlar este gasto desproporcionado, que incluye viáticos innecesarios, burocracia inflada y subsidios no focalizados. En lugar de ello, sus planes implícitamente apuntan a compensar el déficit mediante aumentos en impuestos municipales, tasas por servicios básicos y patentes comerciales, lo que podría agravar la carga sobre la clase media y los pequeños emprendedores, ya afectados por la inflación y la escasez de divisas.
Esta omisión en el control del gasto público no es un detalle menor; representa una falla estructural en el enfoque de las campañas. Mientras planes de gobierno como los presentados por candidatos en foros económicos en varios departamentos hablan de “eficiencia y transparencia”, pocos detallan cómo reducir la burocracia o eliminar empresas descentralizadas. En cambio, se priorizan visiones utópicas que, sin una reestructuración fiscal profunda, podrían llevar a mayores déficits. En última instancia, las elecciones subnacionales de 2026 representan una oportunidad para que Bolivia opte por un liderazgo realista y responsable. Si los votantes no exigen propuestas ancladas en urbanidad real (propia de las funciones reales de una alcaldía), las ciudades podrían enfrentar un ciclo vicioso de endeudamiento y estancamiento, donde las promesas electorales se convierten en cargas para generaciones futuras. Es hora de que los candidatos prioricen la austeridad, la eficiencia y el control del gasto sobre ilusiones costosas que no reflejan la precaria salud financiera del país.
