“Yo espero, al final de esta gestión, que el 50-50 sea una realidad”

Anuncio presidencial genera reacciones a nivel nacional

El presidente Rodrigo Paz declaró este lunes que la propuesta de redistribución de recursos entre el Estado central y las regiones en proporción 50-50 —una de sus principales promesas de campaña— se materializaría recién al final de su mandato, previsto para 2030. Durante un acto en La Paz, Paz sostuvo que este esquema sería el inicio de una autonomía plena para las regiones, con capacidad de resolver sus problemas sin depender del centralismo estatal.

Reacciones políticas y municipales

Las declaraciones generaron un inmediato rechazo de autoridades y actores políticos.

• Leonardo Roca, senador de Alianza Libre, recordó que Paz prometió acabar con el centralismo y calificó la postergación como una “relativización” de un compromiso histórico.
• El alcalde de La Paz, Iván Arias, exigió una reunión urgente con el presidente y los alcaldes del país para definir plazos concretos, criticando la falta de claridad en las fechas.
• Desde Santa Cruz, el senador José Ormachea acusó al gobierno departamental de haber “renunciado” al pacto fiscal, mientras que el gobernador Luis Fernando Camacho respondió que la demanda es irrenunciable y que su plan de gobierno contempla exigir el cumplimiento del 50-50.
• El expresidente del Senado, Andrónico Rodríguez, cuestionó que la propuesta se haya convertido en “un sueño inalcanzable”, afectando las expectativas de candidatos subnacionales.
• Los aspirantes a la Gobernación cruceña, Chi Hyun Chung y Guido Nayar, coincidieron en que la promesa se ha transformado en una falsa expectativa.

Contexto del debate

Actualmente, la distribución de recursos en Bolivia favorece al Estado central con cerca del 88%, mientras que las regiones reciben apenas un 12%. El esquema 50-50 fue presentado por Paz como una corrección a lo que denominó una “injusticia histórica”. Sin embargo, al anunciar que recién se concretaría en 2030, se abrió un debate sobre la viabilidad política y económica de la propuesta.

Implicaciones

• Autonomía regional: El retraso en la implementación genera dudas sobre el alcance real de la descentralización.
• Credibilidad política: La postergación afecta la confianza en las promesas de campaña y podría influir en las elecciones subnacionales.
• Tensión institucional