Oscar Arce Político y Analista Económico
En el debate sobre la descentralización fiscal y la posible repartición equitativa de los ingresos entre el Gobierno central y los gobiernos regionales, surge una realidad presupuestaria que complica seriamente cualquier fórmula del 50%. Otorgar la mitad de los recursos directamente a las regiones no es solo una cuestión de voluntad política, sino un desafío contable de magnitudes considerables que pone en riesgo la sostenibilidad misma del aparato estatal.
De acuerdo con la estructura actual de las finanzas públicas, más del 65% de los ingresos que genera el Gobierno central se destina al gasto público esencial. Este rubro incluye salarios de funcionarios, pensiones, servicios básicos, mantenimiento de infraestructura crítica y el funcionamiento diario de las instituciones nacionales. Tras cubrir estas obligaciones, apenas queda un margen reducido —alrededor del 15%— disponible para otras prioridades o para eventuales transferencias. Si se implementara una distribución 50-50, la porción correspondiente al Gobierno central se reduciría drásticamente, dejando un hueco significativo para financiar sus gastos corrientes. En la práctica, el Estado nacional se quedaría sin los recursos necesarios para mantener sus operaciones básicas, ya que la mayor parte de sus ingresos ya está comprometida con obligaciones ineludibles. Este desequilibrio no se resolvería simplemente “recortando gasto suntuario”, porque la inmensa mayoría de ese 65% corresponde a sueldos y salarios, bonos de antigüedad, viajes, más de los 1200 alquileres que tiene el gobierno, papelería por millones de bolivianos, celulares y equipos informáticos, viáticos, pasajes, pagos a sus dirigentes mediante charlas, seminarios o reuniones de confraternización y mucho pero mucho mas.
Ante este escenario, las alternativas para cubrir el faltante del 15% resultarían poco atractivas y políticamente costosas. La primera opción más inmediata sería un incremento de impuestos, ya sea mediante la creación de nuevos tributos o el aumento de las tasas existentes. Sin embargo, en un contexto económico donde la presión tributaria ya genera debate, esta medida podría desincentivar la inversión y afectar el crecimiento. Otra vía sería recurrir a mayor endeudamiento público, solicitando préstamos internos o externos para tapar el déficit operativo. Si bien esta alternativa posterga el problema, incrementa la deuda soberana y compromete las finanzas de generaciones futuras, además de generar pagos de intereses que reducirían aún más el espacio fiscal disponible.
Finalmente, la opción más dolorosa sería sacrificar proyectos de inversión. Obras de infraestructura nacional o iniciativas de desarrollo quedarían congeladas o canceladas para priorizar el gasto corriente. Esto significaría renunciar al crecimiento a largo plazo en aras de mantener las luces encendidas en las oficinas centrales.
Los defensores de una rápida descentralización 50-50 argumentan que las regiones necesitan recursos para atender sus realidades locales, lo cual es válido. No obstante, la experiencia internacional y los números locales demuestran que una redistribución tan agresiva sin una reforma previa del gasto público central puede generar parálisis institucional, inestabilidad fiscal y, paradójicamente, menor calidad en los servicios que se pretende mejorar.
Cualquier avance hacia una mayor autonomía regional requiere primero una revisión profunda de la estructura del gasto del Gobierno central, una mayor eficiencia administrativa y mecanismos de rendición de cuentas sólidos en todos los niveles. De lo contrario, la aparente generosidad de repartir al 50% podría traducirse en un Estado debilitado, regiones aún dependientes y una ciudadanía que termina pagando la cuenta a través de más impuestos o menos servicios. La descentralización responsable demanda más que buenas intenciones o un lindo discurso vacío de promesa; exige números que cierren.
