Tierras comunales en Bolivia
Por: Jerzy Nixon Choque Velarde
Ante los repetitivos anuncios gubernamentales de que la economía mejorará, mediante la demora de aprobación de nuevas leyes de inversiones en la asamblea, a pesar de las buenas intenciones y una voluntad política a través de decretos supremos todo corre el enorme riesgo de caer en saco roto por un factor que es parte del debilitado Estado Plurinacional: la propiedad privada y su condicionante de “función social” y a su vez el subtema que nos trae a la lectura de hoy: la “propiedad comunal”.
Nuestro sentido común indica que las casas no se pueden construir sobre arena, cualquier construcción necesita una base sólida que soporte su peso para que dure a largo plazo; lo mismo aplica para la propiedad privada y toda inversión en ella (nacional o extranjera) para la economía de un país, inversiones que jamás se asentarían seriamente sin tener certeza de una aplicación efectiva de la ley con las fuerzas del Estado (seguridad y justicia), este dilema ha tomado relevancia recientemente, la confianza en el Estado se ha erosionado con una velocidad nunca antes vista y en plena crisis, esa propiedad privada que debería ser considerada sagrada por ser el fruto del arduo trabajo y esfuerzo de nuestras familias ahora está puesta en tela de duda ente los autodenominados “movimientos sociales” que azotan el país desde principios de este siglo.
Las recientes declaraciones de los dirigentes evistas para obligar a vender “de manera orgánica” las propiedades de candidatos disidentes y opositores de la región, amparados por supuestas tradiciones indígena-originario-campesinas con peso constitucional para encubrir su latente deseo de volver al poder, marcan una delgada línea contra la propiedad privada boliviana; normalmente podríamos tomarlas como disparates o berrinches, pero la progresiva ausencia del Estado aplicando la ley empujan a considerar seriamente dichas palabras, los antecedentes más notorios se hallan en las ya normalizadas tomas de tierras en los llanos bolivianos por parte de avasalladores inescrupulosos autodenominados “interculturales”, tomas que en su mayoría son violentas con víctimas cuyas denuncias no llevan a ningún lugar.
¿Qué es la “función social” de la propiedad privada?, el consenso más general en nuestra constitución afirma que dicha función otorga el derecho a poseer un bien NO absoluto, que debe servir al bienestar común y no dañar el interés colectivo, una definición ambigua y sujeta a diferentes interpretaciones (potencialmente perniciosas); si no se respeta tal mandato se sanciona al propietario o en el peor de los casos expropiación, condición vigente desde 1938, llave para la posterior reforma agraria del 52 en la que el Estado expropió enormes extensiones de tierras de terratenientes bajo la narrativa de “la tierra es de quien la trabaja”, un intento de reivindicación de supuestas tradiciones colectivas de los pueblos prehispánicos que fueron “arrebatadas” en la época colonial y republicana.
A pesar de las buenas intenciones jamás se consideró que los beneficiarios sean propietarios reales de la tierra asignada, todo lo contrario, sucedió un traspaso de tutela de terratenientes al Estado y sus burócratas de turno sin posibilidad real para el rural el tomar las mejores decisiones para su realidad como la reversión de la Ley de Exvinculación de 1874, la propia Reforma Agraria altamente influenciada por sindicatos y milicias de la época y la posterior Ley INRA de 1996 que hasta hoy aún no saneó todas las tierras, dejando un enorme rastro de batallas judiciales estancadas, sentando las raíces de los avasallamientos, la influencia política de dirigentes comunarios y dejando la seguridad jurídica como un simple gesto formal.
Dicha falta de propiedad privada real deja al descubierto el sometimiento a las comunidades rurales en beneficio de dirigentes sedientos de poder o para exigir privilegios; frases como “si no votas por nuestro candidato te vamos a quitar tu tierra”, “si no participas en la marcha te vamos a quitar tu tierra” o “si no vas a participar en las actividades comunitarias te vamos a quitar tu tierra” refleja la negativa de conceder la verdadera libertad al campo, un término que acuñé como el “neo-pongueaje”, un sistema que quedó al descubierto en las protestas masivas contra la Ley 1720 y el nefasto bloqueo de 53 días, con comunarios y bloqueadores entrevistados que justificaban su resistencia bajo argumentos tan bizarros como “si aprueban esas leyes los logieros nos quitaran las tierras”, “nos están obligando a participar o nos quitarán las tierras”, “son órdenes de nuestros dirigentes”; sin una propiedad privada auténtica estos conflictos persistirán independientemente del decreto supremo que se promulgue en favor o en contra de ellos.
Por más romántica que suene la narrativa de que hubo una “coexistencia armónica” de propiedad colectiva entre los pueblos altiplánicos y la narrativa indigenista de ONGs que abogan por conservar y proteger dichas costumbres para no perder su identidad manteniéndolos en un freno del tiempo, dichas narrativas chocan brutalmente con la realidad empírica de la evolución del pensamiento económico del ciudadano andino/rural por su voluntad de acción: un agente mercantil, individualista y acumulador de riqueza. Véase la Feria 16 de Julio como el emporio comercial más grande de América lejos de cualquier planificación estatal, los llamativos cholets reconocidos a nivel mundial que unen la modernidad con raíces simbólicas ancestrales, la fuerza de los gremiales y comerciantes que mueven ingentes cantidades de dinero culminando en fastuosas celebraciones como la Entrada del Gran Poder, el carnaval de Oruro, la Festividad de Ch’utillos, la Festividad de Urkupiña, entre otros como símbolos del poder económico del occidente boliviano.
Dadas las evidencias irrefutables, junto a la retórica de que el indígena/campesino está recluido en el campo todo el año sin interactuar con las urbes, demuestran que el colectivismo agrario obligatorio por ley va en contra de la propia mentalidad campesina contemporánea. Mantener la propiedad comunal por la fuerza bajo amenazas sindicales y constitucionales es una estrategia forzada que frena la transformación natural del productor rural hacia un ciudadano propietario y emprendedor independiente (con la obvia desburocratización, establecimiento de reglas claras y reducción del papel del Estado en la economía), la llave maestra que dará a Bolivia la velocidad para correr en la economía mundial del siglo XXI es la de la propiedad privada individual, el ciudadano boliviano (y mucho menos el ciudadano rural) no es iluso al tomar decisiones y asumir riesgos en materia económica, por lo que la formalización real de la propiedad privada es el camino a tomar contra el abuso sindical/dirigencial y el más peligroso de todos: el abuso del Estado para los que no estén de acuerdo con sus lineamientos.
El potencial económico y la voluntad práctica están presentes en el país y dependerá del gobierno de turno cambiar la base legal junto a mecanismos que dificulten su reversibilidad en un nuevo marco constitucional que otorgue libertad real y duradera a cada ciudadano que quiera construir su proyecto de vida independientemente de su origen, países más pequeños que el departamento de Tarija lideran frecuentemente los rankings mundiales de rendimiento agrícola son prueba de ello y eso que se está considerando dicho sector.
