Autos chutos, el gobierno asfixia la libre importación

En un debate abierto y de tono café, el analista y economista Oscar Arce conversó con los economistas Antonio Saravia y Fernando Untoja sobre el fenómeno de los autos chutos (vehículos de contrabando o sin registro) en Bolivia. El eje central del análisis fue contundente: la legislación estatal no solo no resuelve el problema, sino que lo crea y lo alimenta, castigando sistemáticamente la libertad económica de los ciudadanos.

Saravia explicó con claridad la raíz del asunto. Importar un vehículo nuevo implica pagar entre 50 % y 70 % de su valor solo en impuestos (sin contar aranceles aduaneros). Además, la ley prohíbe la importación de autos usados: solo se permiten vehículos con menos de un año de antigüedad (tres años para pesados). El resultado es previsible: el mercado formal se vuelve inaccesible para la mayoría de las familias y pequeñas empresas, y surge un mercado paralelo de vehículos de contrabando.

“Es un ataque vil a la libertad individual”, afirmó Saravia. “En el país más pobre de Sudamérica obligamos a la gente a comprar solo lo nuevo, como si fuéramos un emirato del Golfo”. Su propuesta tiene dos pilares liberales:  De cara al futuro, eliminar los impuestos excesivos (dejar solo el IVA del 13 %) y permitir la importación libre de autos usados. 

Legalizar los autos chutos ya existentes (estimados entre 500.000 y 1,5 millones). Según cálculos conservadores, eso liberaría unos 10.000 millones de dólares de capital “sumergido” —en la lógica de Hernando de Soto— e incorporaría ese patrimonio a la economía formal.

Fernando Untoja coincidió plenamente en la necesidad de liberalizar las importaciones futuras: “Hay que pelear por una ley que permita la libre importación de productos nuevos y usados, bajar aranceles y facilitar el acceso a la movilidad”. Sin embargo, se opuso a la legalización masiva de los vehículos ya ingresados ilegalmente. Argumentó que hacerlo bajo un régimen estatista podría convertir el contrabando en hábito, generar ingresos corruptos para el Estado y normalizar la irregularidad.

Ambos economistas coincidieron en el diagnóstico de fondo: el intervencionismo mercantilista y la sobrecarga tributaria son los verdaderos responsables del mercado negro. Mientras el Estado siga restringiendo la libertad de comerciar e importar, los “autos chutos” seguirán existiendo como respuesta racional de la población a un sistema que castiga el libre mercado.

El mensaje del debate es inequívoco: la solución no pasa por más controles ni persecuciones, sino por menos Estado, menos impuestos y más libertad económica.