Bolivia bloqueos izquierda
La ausencia de sanciones reales y ejemplificadoras contra quienes organizaron bloqueos masivos, cortes de rutas, tomas de instituciones y actos de desestabilización política representa una de las mayores amenazas para la estabilidad institucional de cualquier país que haya atravesado un período de convulsión. Cuando las autoridades optan por medidas de contención temporales, como un estado de excepción, sin acompañarlas de una persecución judicial firme y visible contra los responsables, se genera un mensaje claro de impunidad. Ese mensaje no desaparece con el levantamiento de las restricciones: al contrario, se consolida y se convierte en combustible para futuras acciones.
Durante el tiempo que dura el estado de excepción, los grupos que promovieron el caos pierden capacidad operativa inmediata. Las calles se despejan, las instituciones recuperan cierto control y la población respira un alivio relativo. Sin embargo, esa misma pausa que la sociedad interpreta como restauración del orden es aprovechada por esos actores para reorganizarse. Sin procesos judiciales abiertos, sin condenas que disuadan o que los mantengan ocupados en su defensa legal, sin incautación de recursos ni desarticulación de redes logísticas, el período de calma se transforma en un tiempo precioso para reagruparse, reclutar nuevos cuadros, redefinir estrategias y reconstruir la infraestructura de protesta que antes demostraron poseer.
La historia reciente muestra con claridad que los actores que apostaron por la desestabilización no abandonan su objetivo cuando se ven obligados a retroceder tácticamente. Su horizonte sigue siendo el mismo: debilitar las instituciones democráticas hasta el punto en que un cambio de poder por vías no institucionales se vuelva viable. Los bloqueos y las acciones de presión no fueron fines en sí mismos, sino herramientas para erosionar la gobernabilidad. La falta de castigo confirma que esas herramientas siguen siendo útiles y que pueden volver a emplearse cuando las condiciones vuelvan a ser favorables. El tiempo que transcurre entre el fin del estado de excepción y el próximo ciclo electoral o de tensión social se convierte, entonces, en una ventana estratégica: tiempo para reagrupar fuerzas, coordinar con aliados internacionales o internos, diseñar nuevas narrativas de victimización y preparar acciones de mayor envergadura.
El riesgo no es abstracto. Quienes ya demostraron disposición para paralizar el país, afectar el abastecimiento, intimidar a sectores de la población y presionar a las fuerzas del orden saben que la impunidad reduce el costo de repetir o escalar esas acciones. Un golpe de Estado no siempre se presenta como un asalto militar clásico. Puede adoptar la forma de una presión sostenida que haga ingobernable al Ejecutivo legítimo, que fuerce renuncias, que genere condiciones para una intervención de facto o que abra paso a una transición controlada desde fuera del marco constitucional. Cuando los responsables de la fase anterior de desestabilización no enfrentan consecuencias, la probabilidad de que intenten llevar esa estrategia hasta sus últimas consecuencias aumenta significativamente.
La sociedad que no sanciona a quienes atacaron su normalidad institucional está, en la práctica, incentivando que esos mismos actores vuelvan a intentarlo con mayor preparación y con la certeza de que, en el peor de los casos, solo enfrentarán otra ronda de medidas temporales. La lección que se transmite es que la violencia política o la desobediencia civil disruptiva pueden ser rentables si se logra aguantar lo suficiente hasta que las autoridades decidan “volver a la normalidad” sin exigir cuentas. Ese cálculo es el que hoy, en ausencia de sanciones, están haciendo quienes ya demostraron su capacidad de generar caos. La única forma de romper ese ciclo es entender que la contención temporal no sustituye a la justicia. Sin investigaciones exhaustivas, sin procesos judiciales transparentes y sin penas proporcionales a los daños causados a la economía, a la seguridad y a la confianza institucional, el período posterior al estado de excepción no será un retorno a la paz, sino una tregua que los actores desestabilizadores utilizarán para prepararse para la siguiente ofensiva. La democracia no se defiende solo con el control del orden público en el momento de la crisis; se defiende, sobre todo, con la certeza de que quien atenta contra ella pagará las consecuencias. Mientras esa certeza no exista, el peligro permanece latente y la próxima crisis será solo cuestión de tiempo y de estrategia.
