Discurso de Rodrigo Paz - 6 de agosto de 2026
El presidente Rodrigo Paz ofreció ayer, en el marco de los 201 años de independencia, un balance de sus casi nueve meses de gestión. Habló de estabilización, de “nueva etapa” y de reformas estructurales. Presentó como logros la creación de un Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia, un proyecto de ley de inversiones y el avance del modelo 50/50. La realidad que enfrenta Bolivia es otra: el país sigue atrapado en una crisis de divisas, gasto fiscal descontrolado y ausencia de inversión privada real. El discurso no es un plan de salida; es una repetición de fórmulas que no atacan las causas profundas.
Los dólares continúan escapando a velocidad preocupante. El aparato productivo no se ha reactivado de manera significativa. La escasez de divisas, el desorden cambiario heredado y la falta de generación genuina de exportaciones no se resolvieron con ajustes parciales ni con el fin de algunas subvenciones. Mientras tanto, el gasto fiscal permanece elevado. Las fuertes regulaciones, el peso excesivo del Estado y el estatismo exagerado siguen ahuyentando al capital privado. Sin seguridad jurídica clara, sin reducción real de la carga burocrática y sin un clima que premie la producción en lugar de la dependencia del erario, las inversiones no llegan. El resultado es un círculo vicioso: menos dólares, más presión sobre las reservas y una economía que no arranca.
La creación del Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia ilustra el problema de fondo. Se trata de delegar nuevas competencias a figuras políticas, concentrando aún más poder en manos del aparato oficial. Es poco ético —y peligroso— que el mismo círculo político actúe simultáneamente como juez, jurado y verdugo. Entre políticos no se pisa la manguera. La experiencia boliviana y latinoamericana muestra que estos organismos, cuando nacen bajo el control del Ejecutivo o de sus aliados, terminan convirtiéndose en herramientas selectivas: se usan contra opositores y se protegen a los propios. La lucha contra la corrupción exige independencia real, no nuevas estructuras que refuercen el poder de quienes ya lo detentan.
El proyecto de ley de inversiones que se anuncia para los próximos días se presenta como la solución para atraer capital. En los términos conocidos hasta ahora, resulta ambiguo. No elimina de raíz la presión estatal sobre el inversor: permisos excesivos, regulaciones cruzadas, discrecionalidad administrativa y la sombra permanente de cambios de reglas. Mientras el Estado mantenga la capacidad de intervenir, condicionar y reescribir las condiciones a su antojo, el capital privado preferirá otros destinos. Un marco legal que no reduzca de forma concreta y verificable el intervencionismo no generará la confianza que el país necesita.
El modelo 50/50, bandera de campaña convertida ahora en promesa de mediano plazo, está destinado al fracaso si se insiste en presentarlo como una simple redistribución de recursos. La complejidad económica de Bolivia no se resuelve dividiendo porcentajes entre el nivel central y las regiones. Transferir el 50 % de los recursos sin transferir al mismo tiempo capacidades institucionales, disciplina fiscal, control de la corrupción y reglas claras de responsabilidad solo multiplica el desorden. Las gobernaciones y municipios heredarán déficits, burocracia y vicios del centralismo sin haber construido las herramientas para gestionarlos. El resultado previsible es más ineficiencia, más conflicto entre niveles de gobierno y cero impacto real en la productividad o en la generación de divisas.
Bolivia no necesita más discursos de “nueva etapa” ni nuevas estructuras de poder político. Necesita un aparato económico que produzca, un Estado que deje de asfixiar al inversor y reglas que no dependan de la voluntad del gobierno de turno. Mientras los dólares sigan escapando, el gasto fiscal no se contenga de verdad y el estatismo siga ahogando la iniciativa privada, los anuncios de Paz serán solo ruido. La crisis no se resuelve con comisionados, porcentajes ni leyes ambiguas. Se resuelve cuando el Estado deja de ser el problema principal.
