Las reservas de gas en Bolivia se están agotando según analistas
El gas se acaba en Bolivia por culpa de políticas que asfixian al libre mercado
Bolivia enfrenta una crisis energética inminente. El gas natural, que durante años sostuvo la economía y el consumo doméstico, está en fuerte declive. No se trata de que las reservas se hayan agotado físicamente, sino de que el Estado ha destruido las condiciones para que el sector privado invierta y las explote. Así lo advierten el economista Hugo Valdez Rama y el conductor Oscar en un reciente análisis del canal 180RN.
La producción alcanzó su pico de 21.000 millones de metros cúbicos entre 2012 y 2013. Hoy, en 2025-2026, apenas llega a la mitad: unos 10.000 millones. El gas genera el 36 % de la electricidad del país y cubre el 57 % del transporte y el uso residencial (vehículos, estufas y calentadores). Desde 2022 ya se sufren colas por diésel y gasolina. En cuatro o cinco años, advierten, podrían llegar los apagones al estilo cubano.
El origen del problema: la nacionalización
El punto de inflexión fue la nacionalización de los hidrocarburos de 2006, bajo el gobierno de Evo Morales y el llamado “socialismo del siglo XXI”. Esa medida expulsó a inversionistas extranjeros como Petrobras e IPF Argentina, y generó al menos 25 demandas internacionales que Bolivia perdió. El modelo de capitalización de los años 90, impulsado por Gonzalo Sánchez de Lozada, había atraído capital privado para transformar la matriz energética, exportar gas e incluso impulsar vehículos a gas. Los subsidios posteriores y la estatización terminaron por destruirlo.
Sin inversión, no hay exploración ni desarrollo. Un yacimiento nuevo tarda entre 6 y 7 años en descubrirse, otros 5 en evaluarse, 7 más en desarrollarse y hasta 20 años en operar a pleno. El Estado, mientras tanto, se endeudó, confiscó reservas del sector privado y del Banco Central, y apostó a que los precios del gas subirían para siempre. Esa apuesta falló.
La lección del libre mercado
Valdez Rama y los analistas citados insisten en una idea central: los recursos naturales no generan riqueza por sí solos. La plata y el estaño en el pasado, el petróleo en Venezuela o los recursos de la Unión Soviética demostraron lo mismo. Sin competitividad no hay prosperidad. Y la competitividad se construye con respeto a la propiedad privada, instituciones libres, un Estado eficiente y baja presión fiscal.
La corrupción, señalan, no es la causa principal sino el síntoma de un Estado demasiado grande. Las naciones prósperas no lo son por tener recursos, sino por permitir que el mercado funcione. El fracking, inventado en Venezuela y expulsado por el chavismo, es un ejemplo de tecnología que podría aplicarse aquí si se abriera la puerta a la inversión privada. También se menciona la necesidad de una nueva ley de energía e hidrocarburos que atraiga capital, junto a opciones como eólica, solar (con sus propios problemas ambientales), nuclear o hidroeléctrica.
El costo humano y el riesgo inmediato
Mientras el gobierno sigue apostando al control estatal, el capital humano huye. El 70 % de la Generación Z considera el aeropuerto como su principal salida. Familias enteras emigran. La crisis no es solo energética: es el resultado directo de políticas que priorizan el control político sobre las señales del mercado.
La solución que proponen es clara: volver a reglas de libre mercado, garantizar seguridad jurídica y dejar que la inversión privada haga lo que el Estado ha demostrado no poder hacer. De lo contrario, Bolivia no solo se quedará sin gas: se quedará sin futuro energético.
